Tuesday, May 28, 2024
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Gobierno de Perú cesa a funcionario implicado en presunta red de tráfico de influencias liderada por el hermano de Boluarte

EFE.- El gobierno peruano informó este sábado que ha cesado al director general de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Luis Ortiz, por su supuesta vinculación con la detención del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, bajo el delito de organización criminal.

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El Ministerio del Interior precisó que dispuso la inmediata remoción de Ortiz ayer, en un mensaje publicado este sábado en la red social X.

Agregó que se ha ordenado la elaboración de un informe situacional sobre las autoridades políticas designadas a través de esta dirección general, dependiente del Ministerio del Interior.

“Ello, en el marco de una política de integridad institucional y transparencia” en el Ministerio del Interior, precisó.

De acuerdo con la denuncia de la fiscalía contra Nicanor Boluarte, el hermano de la jefa de Estado dirigía presuntamente una red de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos (representantes del Ejecutivo en las regiones), así como su permanencia en esos cargos políticos, una responsabilidad que estaba a cargo de Ortiz desde el Ministerio del Interior.

Este viernes, la policía arrestó a Boluarte a petición de la fiscalía anticorrupción, que lo investiga por un presunto caso de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos a cambio de dádivas económicas y de la captación de afiliados al partido del hermano de la presidenta.

La orden de arresto también incluyó al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, quien ha comparecido en varias ocasiones junto a esta.

A raíz de la detención de su hermano, la mandataria y el ministro del Interior, Walter Ortiz, son investigados también por la fiscalía por el supuesto encubrimiento de su pariente, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de Nicanor Boluarte.

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Las diligencias se han abierto contra la presidenta como supuesta instigadora del delito contra la administración pública, en las modalidades de encubrimiento personal y abuso de autoridad, por los que se investiga a su ministro.



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