Madrid /
El pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias emitió un comunicado en el que reconoce que la denuncia que interpuso a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se basa “en informaciones periodísticas y solo en las mismas”. Según el escrito, “será ahora el juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”.
Tras conocerse la noticia sobre su esposa, ayer, Pedro Sánchez anunció que se tomará unos días para reflexionar si sigue en el cargo, y acusó a la derecha y la ultraderecha, es decir, al Partido Popular y Vox, de mantener una persecución contra su esposa y él.
La carta está firmada por el secretario general, Miguel Bernad Remón, y justifica la querella contra Gómez luego de que “Manos Limpias tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas, en el comportamiento de la esposa del Sr. Presidente de Gobierno”.
Señaló que “tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose, procedí a poner en conocimiento del Juzgado competente dichas informaciones, al amparo del art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la oportuna denuncia, al objeto de que abriera diligencias y comprobará la veracidad de las mismas. Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano”.
Barnad aseguró que no ha habido “el más mínimo acto falsario” en esta actuación ya que “como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas”.
Por tanto, prosiguió, ahora “será ahora el juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”.
Eso sí, en el comunicado, el pseudosindicato ultraconservadro considera “de todo punto inaceptable la reacción del Sr. Presidente del Gobierno” ya que, según argumenta, en vez de dar “as pertinentes explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas o no” lo que ha hecho es “insultar a este Sindicato por haber ejercido un derecho constitucional, diciendo que somos una ‘organización ultraderechista’ o dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso”.
¿Qué es Manos Limpias?
Es un pseudosindicato fundado en 1995 por Miguel Bernard, abogado y exsecretario general del partido de ultraderecha Frente Nacional. En su web se definen como un “sindicato de ámbito nacional, independiente, no hipotecado por nada ni por nadie y que tiene como objetivo, la defensa de los intereses legítimos y legales de sus afiliados”.
El objetivo de Manos Limpias, según reflejan en su página en Internet, son cinco: hacer cumplir la Constitución, mejorar la transparencia política, erradicar la corrupción en el ámbito político y judicial, defender los derechos de los trabajadores y preservar la unidad de España.
A pesar de no tener representación en ningún centro de trabajo, Manos Limpias ha presentado desde su nacimiento una media de 80 querellas al año, además de cientos de denuncias contra supuestas vulneraciones del Estado de derecho y la corrupción.
Miguel Bernard, tuvo una estrecha vinculación con los movimientos fascistas que intentaron perpetuar la política del régimen franquista tras la Transición, según información publicada por el digital Público.
Bernard llegó a ser la mano derecha de Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva e histórico miembro del grupo de políticos que permanecieron fieles a los principios del Movimiento Nacional tras la muerte de Franco.
El líder de Manos Limpias ocupó también el número 6 en la lista de las elecciones al Parlamento Europeo de 1987 del Frente Nacional, formación que agrupó a los principales partidos de ultraderecha y de la que fue su secretario general durante nueve meses.
El pseudosindicato se ha querellado contra políticos, entidades financieras y jueces. Los casos con los que ha adquirido mayor relevancia son las demandas contra la infanta Cristina y su exmarido, Iñaki Urdangarin, por el “caso Nóos”, contra el juez Baltasar Garzón y los Gobiernos de Cataluña, País Vasco y Navarra.
